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acuerdo positivo

El intercambio de información tributaria con Argentina

Alberto Couriel
Senador E 609
Frente Amplio
PUBLICADO el Miércoles 14 de noviembre, 2012
Alberto Couriel

A partir de la crisis internacional de 2008, diversas instituciones del mundo desarrollado, como la OECD, el G20 y el Foro Global de Transparencia toman medidas para combatir la evasión fiscal enfrentando a los diversos paraísos fiscales que se extienden por todo el mundo. Uruguay no fue ajeno a esta situación, en la medida que fue ubicado en una zona gris como país no cooperante, pudiendo ser objeto de diversos tipos de sanciones. Se le fijó, desde el mundo desarrollado, la obligación de firmar un número determinado de tratados que contemplen la información tributaria, que Uruguay cumplió con la diligencia adecuada.

Luego vino la revisión entre pares para analizar si las normas existentes contemplaban claramente las posibilidades de otorgar las informaciones solicitadas. En una primera instancia Uruguay no pasó esta etapa y hubo observaciones por la existencia de sociedades anónimas con acciones al portador y por no realizar acuerdos de información tributaria con países relevantes. En este caso con Argentina y Brasil. En la actualidad Uruguay pasó a la fase II de la revisión entre pares y ya firmó los tratados correspondientes con Argentina y Brasil que están en sus respectivos trámites parlamentarios.

Uruguay acepta las condiciones de la OECD y del Foro global de transparencia porque entiende que son funcionales a las necesidades del país, que no afectan el interés nacional y que ayudan a mantener una imagen internacional muy positiva para la mejor inserción económica internacional y para recibir flujos de inversión extranjera directa. Sin duda juegan las relaciones de poder y la fuerza de los países desarrollados. Si al Uruguay le estuvieran exigiendo los nefastos ajustes que le exigen a la llamada periferia de Europa, a los países del sur europeo, estaríamos haciendo los máximos esfuerzos por enfrentar dichas exigencias que han generado profundas crisis económicas, sociales y políticas en dichos países.

Pero nos están pidiendo que no tengamos opacidad, que no ayudemos a evasores impositivos de otros países, que apliquemos normas de transparencia adecuadas para ello. En el pasado, bajo los gobiernos de los partidos tradicionales, se impulsó una política de otorgar prioridad a la plaza financiera, a la plaza bancaria local, recibiendo capitales blancos y negros, de evasores y de no evasores de impuestos. Plaza financiera que no cobraba ningún tipo de impuestos y que por lo tanto podía ser caracterizada como paraíso fiscal. Pero los tiempos cambian, no solamente por las exigencias del mundo desarrollado, que atienden en exclusividad sus intereses específicos, sino también porque existe el Mercosur, donde permanentemente se realizan acuerdos comerciales, que no serían coherentes con la opacidad de una plaza financiera donde se estuviesen refugiando capitales negros de los países vecinos. En el gobierno del Frente Amplio se realizó una reforma tributaria que cobra impuestos a los intereses de los depósitos, por lo que ya no se le puede calificar de paraíso fiscal.

El acuerdo de información tributaria con Argentina no es necesariamente un acuerdo bilateral. Es una exigencia de la OECD, del G20 y del Foro global de transparencia. Uruguay accede a dicho acuerdo para mantener y garantizar su muy buena imagen internacional, la continuidad para recibir inversión extranjera directa y alcanzar la más adecuada inserción económica internacional. Se fijó como meta para definir un acuerdo que no fuera solo de información tributaria sino también para evitar la doble imposición, lo que favorece nítidamente a Uruguay.

También se aseguró la confidencialidad, que el secreto bancario fuese levantado por autoridades judiciales frente a la solicitud de información precisa, específica y claramente documentada, no aceptando operaciones de pesca. También se aseguró que la administración extranjera no pueda realizar operaciones de inspección dentro del territorio nacional. Es un tratado muy bien negociado, garantista, que no acepta la retroactividad. Que asegura los intereses nacionales y garantiza el mantenimiento de la excelente imagen internacional y las mejores relaciones internacionales.

Los partidos de la oposición no lo votaron por los más diversos argumentos. Uno de los más utilizados fue el de la oportunidad. Se aceptaba que el tratado era positivo, pero que no era el momento más oportuno dadas las dificultades de las relaciones con Argentina. Pero ¿postergarlo hasta cuándo? ¿Hasta que cambie el gobierno de la Argentina? Quien me exige la aprobación del Tratado no es exclusivamente la Argentina. Quien me lo exige es el Foro Global de Transparencia, es el mundo desarrollado. Si no cumplo, puedo recibir sanciones como obstaculización del comercio exterior bilateral, inclusión en listas negras o grises, diversas formas de discriminaciones, inclusive por parte de instituciones financieras internacionales.

El caso más notorio es la decisión de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial que presta al sector privado, que para decidir sobre sus créditos tendrá en cuenta la revisión entre pares que se realiza en el ámbito del Foro Global de Transparencia. No aprobarlo podría significar la pérdida de la muy buena imagen internacional que ostenta el Uruguay, gracias a sus instituciones democráticas, al alto grado de civilización en las relaciones entre los distintos partidos políticos, a actuar históricamente como un país muy serio en sus compromisos internacionales. Por ello es que no se entiende la actitud opositora y agresiva de los partidos de la oposición.

Los beneficios para el Uruguay, si el tratado se aprueba, es garantizar muy buena imagen internacional. Se plantea en el debate parlamentario ¿a cambio de qué? ¿Qué nos otorga Argentina? En realidad no es un tratado bilateral común y corriente. Es una exigencia del mundo desarrollado que el Uruguay acepta defendiendo sus intereses nacionales. Se planteó también que hay un problema de principios contra la OECD. Nosotros no estamos ni a favor ni en contra de la OECD ni del FMI. Son instituciones que existen en la realidad de las relaciones de poder internacional. Las instituciones se aceptan, pero se analizan sus decisiones y cuando afectan nuestros intereses nacionales, se buscarán todos los mecanismos de enfrentarlas.

Argentina es el principal socio del Uruguay. Es esencial para el turismo y para las inversiones inmobiliarias, siempre que no provengan de capitales que evadieron impuestos en sus países de origen. Le exportamos especialmente productos manufacturados, e inclusive hay rubros que solamente podemos colocar en la Argentina, por razones de escala y de fletes dada la proximidad geográfica. No es aceptable el argumento de la oposición de que no se puede dialogar, ni negociar, ni acordar con el actual gobierno de la Argentina, porque no cumple con los tratados internacionales. Las negociaciones no son sencillas y hay temas controversiales de larga data.

El actual gobierno del Uruguay negocia profesionalmente con la dignidad correspondiente a un país libre y soberano y jamás se ha sometido a los dictados de ningún gobierno extranjero. Dialoga, negocia y acuerda. Algunas cosas se obtienen y otras tienen dificultades. Algunas medidas que toma Argentina son contra el mundo para atender problemas internos, que afectan a Uruguay pero que no son exclusivamente contra nuestro país. Lo único que se puede hacer es seguir negociando y dialogando con la firmeza y dignidad de un país soberano. Las relaciones con Argentina no nos pueden afectar la excelente imagen internacional del Uruguay. Por ello es que no entendemos la actitud de los partidos de la oposición.

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