procesados

Investigan espionaje a Dirección de Inteligencia

La jueza Especializada en Crimen Organizado de 2º Turno, Adriana De los Santos, dispuso el procesamiento sin prisión de un funcionario de la DNII y un funcionario de Antel (técnico en informática) por “un delito de relevamiento de secreto”, en el marco de un complejo caso de trasiego irregular de información entre ambos.

El hallazgo de un computador (notebook) en la vía pública fue el comienzo de una intrincada investigación policial y judicial que culminó con el enjuiciamiento sin prisión de ambas personas, pero que podría tener otras derivaciones, ya que se indaga un posible caso de espionaje. El computador contenía información clasificada de la DNII.

Un hombre encontró, tirado en plena vía pública, un notebook. Sin conocer su contenido lo presentó ante la Dirección General de Crimen Organizado e Interpol, quienes procedieron a su análisis. Grande fue la sorpresa cuando los investigadores constataron que el mismo contenía un documento con el logo de la DNII.

Los efectivos procedieron a abrir el documento y la sorpresa se incrementó aún más: el archivo contenía información clasificada sobre procedimientos, operativos, tácticas y sistema de apoyo logístico de la DNII, en especial de la investigación policial por el caso del hacker argentino y ex funcionario de la SIDE Iván Velázquez, condenado por “utilización indebida de información privilegiada” y “conocimiento fraudulento de documento secreto”.

El hallazgo implicó una intensa pesquisa para determinar el origen de la información y los motivos de su tenencia. La indagatoria determinó que el computador pertenecía a un técnico en informática y estaba denunciado como robado. El hombre denunció, en una seccional, que el mismo fue hurtado de su vehículo. Los investigadores especulan que los autores del robo debieron desprenderse del mismo durante la fuga y así terminó en la vía pública.

El propietario fue interrogado por los investigadores para determinar cómo accedió a la información de la DNII. El hombre reconoció que era conocido del oficial de la DNII (“en comisión” en la Dirección de Migraciones y vinculado con la embajada de un país extranjero), y que este le entregó un pendrive para bajar películas, que contenía además información clasificada de la DNII.

El técnico dijo que sintió curiosidad al ver la carpeta y decidió grabarla. Los investigadores tienen dudas sobre la versión, por lo cual elevaron el caso ante la Justicia Especializada en Crimen Organizado ante la eventualidad de estar frente a un caso de espionaje.

Además, en la Sede, el técnico en informática confesó que en alguna oportunidad le facilitó información de la base de datos de Antel a su “amigo” para el desarrollo de investigaciones particulares. El funcionario de la DNII aseguró que solicitaba la información para conocer la identidad de los propietarios de números desconocidos que llamaban a su celular.

La explicación del efectivo abre muchas dudas, por lo cual la jueza De los Santos ordenará ampliar la investigación para intentar desentrañar el fondo de la historia, dijeron fuentes judiciales a LA REPÚBLICA. Incluso, no se descarta investigar un posible vínculo entre la información y la embajada, agregaron las fuentes.

Relevamiento de secreto

La jueza Adriana De los Santos tipificó “un delito de relevamiento de secreto” (artículo 163 del Código Penal), que juzga al funcionario público que “con abuso de sus funciones revelare hechos, publicare o difundiere documentos, por él conocidos o poseídos en razón de su empleo actual o anterior, que deben permanecer secretos, o facilitare su conocimiento”. El delito prevé únicamente penas de suspensión y multas. La jueza tipificó este delito porque no pudo probarse que los imputados obtuvieron algún tipo de beneficio económico por las maniobras ilícitas.